Voluntad general y voluntad de todos.

 

El concepto de voluntad general se erige como una pieza básica dentro del pensamiento político de Jean-Jaques Rousseau, adquiriendo una relevancia fundamental en la concepción del Estado recogida dentro de El Contrato Social (1762). Será en esta obra donde Rousseau termine por desarrollar este concepto de forma más sólida y extensa, sin embargo, ya en la dedicatoria de su Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres (1755) podemos encontrar varias pinceladas realmente significativas entorno a algunas de las ideas sobre las cuales se asentará su teoría política. Así, en esta descripción del ideal de Estado que Rousseau lleva a cabo en su dedicatoria a la República de Ginebra, comenzarán a vislumbrarse ciertos aspectos teóricos que acabarán subyaciendo bajo la eterna dicotomía que se establece entre la voluntad general y la voluntad de todos. Por concretar en este punto de forma sucinta algunas líneas básicas que permitan comprender ambos conceptos, entenderemos como voluntad de todos aquella que guarda un sentido cuantitativo en cuanto a que de alguna forma aglutina la voluntad de las distintas individualidades, mientras que la denominada voluntad general se enmarca dentro de un ámbito más cualitativo, siendo entendida como aquella voluntad que preserva los intereses de una comunidad por encima de cualquier voluntad particular. En este sentido, en su Estado ideal, Rousseau expone que “habría buscado un país en que el derecho de legislación fuera común a todos los ciudadanos; porque ¿quién mejor que ellos puede saber bajo qué condiciones les conviene vivir juntos en una misma sociedad? Más no habría aprobado plebiscitos semejantes a los de los romanos, en los que los jefes de Estado y los más interesados en su conservación estaban excluidos de las deliberaciones…” “Por el contrario, habría deseado que no todos tuvieran el poder de proponer nuevas leyes según su fantasía; para así cortar proyectos interesados y mal concebidos, e innovaciones peligrosas….” En estas líneas, Rousseau hace ver la deslegitimación del pueblo en materia legislativa, así como en la administración de los asuntos civiles –dos párrafos más adelante-, limitando su intervención política a la elección de sus representantes y la sanción popular de determinadas leyes sobre los principales asuntos públicos, siempre determinadas por el dictamen de los dirigentes.

De esta forma, el poder de la voluntad de los ciudadanos como conjunto de individualidades se diluye de forma significativa ante lo que más adelante se acertará a denominar como voluntad general, concepto que en estos términos podemos relacionar con lo que sería más bien una voluntad estatal. Rousseau por tanto apunta aquí una recurrente tensión en toda sociedad o comunidad asociativa entre el desarrollo de voluntades generales y voluntades privadas de cada uno de los miembros que la conforman, las cuales en muchas ocasiones pueden ser totalmente opuestas. El establecimiento de un conjunto de actores políticos a modo de cuerpo intermediario articulado por una relación de contrato social supondrá la pieza angular de la filosofía de Rousseau. Y es precisamente en esa intermediación a partir de la cual se suscita el debate de fondo de este planteamiento. Rousseau en este aspecto aboga por la cuestión moral, apuntando que puesto que las voluntades generales son aquellas destinadas a promover el interés y el entendimiento colectivo, han de ser sostenidas a partir de una perspectiva de moralidad. Partiendo de estos principios, resulta muy interesante la perspectiva adoptada años más tarde en algunas concepciones de la ética kantiana a modo de desarrollo histórico de estas ideas de Rousseau. Kant aportó a estos planteamientos su concepto de imperativo categórico, sosteniendo que la resolución de esta tensión de voluntades pasa, en último término, por la aceptación y obediencia a una serie de leyes externas derivadas de este imperativo categórico que plantean la universalidad y la racionalidad como principios básicos para la configuración de esta voluntad unificada. Así, en un ámbito práctico resulta relevante apuntar también el paralelismo establecido entre este desarrollo histórico que apuntamos y la práctica del llamado despotismo ilustrado desarrollado en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, en el que esta supremacía de la razón aparecía personalizada en la figura del monarca.

A la hora de estudiar las implicaciones teóricas que esta eterna cuestión plantea en el mundo contemporáneo, observamos que esta dicotomía entre voluntad general y voluntad de todos se muestra aún como una cuestión abierta al debate teórico, así como a las distintas perspectivas de organización sociopolítica y las implicaciones prácticas contendientes a cada modelo de Estado.

Por centrarnos en algunos ejemplos concretos que resultan realmente significativos en cuanto al establecimiento de cauces democráticos para la articulación de la voluntad popular, es interesante resaltar el caso de dos de los paradigmas internacionales de la democracia directa: Suiza y California. Ambos estados incluyen dentro de su tradición democrática la práctica de frecuentes referéndums como método de toma de decisiones políticas en muy diversos ámbitos, tratando desde las cuestiones más simples a las más transcendentes. Un análisis algo más detallado de estos modelos de democracia directa nos ayudará a dilucidar las implicaciones a nivel político y social que estos conllevan.

En el caso de California, son más de 360 consultas las que se han realizado desde la introducción de esta práctica hace alrededor de un siglo. Durante este tiempo los californianos han tenido ocasión de decidir acerca de muy diversos asuntos relacionados con cuestiones políticas, económicas, éticas y de convivencia, mostrando resultados muy dispares y que en muchas ocasiones han servido para constatar públicamente la vertiente más reaccionaria de la sociedad californiana. De hecho, en varias ocasiones los propios tribunales de justicia han tenido que intervenir en varios de los resultados de los referéndums en contra de la voluntad del pueblo dada la inconstitucionalidad de algunas de las resoluciones derivadas de las consultas populares. Así ocurrió por ejemplo cuando un 60% de los votantes californianos apoyaron prohibir a los inmigrantes indocumentados el acceso a la sanidad y a la educación y obligar a todas las administraciones del estado a denunciar a todo irregular que detectaran para entregarlo a la policía. O cuando en 2012 se rechazó la unión al grupo de 17 estados en los que se había eliminado la pena de muerte, decreto posteriormente rechazado por un juez federal al considerar cruel y anticonstitucional pena de muerte tal y como se practicaba en el estado de California.

En Suiza, la práctica de la democracia directa se remonta a mediados del siglo XIX, habiéndose registrado hasta 600 referéndums desde entonces, incluidos los referentes a la aprobación del voto femenino, que sería rechazado de forma explícita en 1959 y finalmente aprobado en 1971. En el caso Suizo resulta más sencillo encontrar resoluciones con un marcado carácter social y ligadas a un interés colectivo, como pueden ser el aumento del salario mínimo, la limitación de bonos e indemnizaciones a alto ejecutivos, el rechazo a la compra de más material militar o la  limitación del salario más alto de las empresas a 12 veces el salario más bajo. Sin embargo, también resaltan algunas decisiones populares de corte claramente conservador como la sorprendente prohibición de construir minaretes en las mezquitas de 2009 o la restricción a la libre entrada de ciudadanos de la UE en su mercado laboral, rectificando los acuerdos de referéndums anteriores y abriendo un conflicto con las autoridades comunitarias.

Dados estos ejemplos, podemos sacar como principal conclusión la dilatación de un debate que parece extenderse de forma atemporal cuestionando la adaptabilidad de las estructuras de gobierno a una verdadera democracia directa. En ambos casos encontramos resoluciones populares de las que se desprende una unificación cuantitativa de las diferentes voluntades particulares que en muchos casos difiere de forma sustancial de aquello que entendemos por voluntad general. En un período de profunda crisis en las democracias occidentales en las que el “no nos representan” se ha instaurado como una proclama ampliamente extendida en la mentalidad política de nuestro tiempo, la tensión entre la voluntad que marca una mayoría y la voluntad general –incluso la puesta en duda de la propia definición de este concepto de voluntad general- se plantea como un debate de primera línea a fin de alcanzar la quizá utópica idea de una democracia real.

 

 

 

 

 

 

 

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